Negociación colectiva y participación en las ganancias

Desde comienzos de los ´80, los gobiernos hegemónicos y los organismos multilaterales de crédito (FMI y Banco Mundial) presionaron a los países latinoamericanos para la aplicación de políticas económicas tendientes a la apertura, privatización y desregulación de la economía, con la idea de que esta orientación impulsaría el crecimiento económico y la mejora de los indicadores sociales.
accionesEn nuestro país, la aplicación de estas políticas desde mediados de los ’80, pero fundamentalmente a partir de los ’90, repercutió no solo en el plano económico, sino también en el social. Así, se experimentó una tendencia de crecimiento económico durante el periodo 1991-1994, en una medida que hacía tiempo el país no registraba, y con impulsos muy fuertes también en los niveles de inversión.
A su vez, la aplicación de políticas neoliberales se sustentaba en una concepción ideológica según la cual el Estado debía dejar de tener un rol determinante en la dinámica de crecimiento y desarrollo del país, desregulando áreas clave de la economía y desprotegiendo la producción nacional mediante una apertura comercial indiscriminada. En consecuencia, tal orientación de las políticas implementadas por el Estado, y las reformas tendientes a la flexibilización laboral practicadas durante aquella época, afectaron profundamente el empleo y, concomitantemente, al actor sindical.
Bajo este nuevo contexto, los sindicatos parecieron encontrarse nuevamente con actores, ideologías y decisiones que condicionaron su accionar y, por lo tanto, se vieron obligados a reconsiderar sus prácticas, intenciones y estrategias de negociación.
El conjunto de decisiones elegidas por los gremios apuntaba no solamente a adoptar posturas y estrategias defensivas, sino también a rechazar las negociaciones colectivas en un marco desventajoso: es por ello que durante toda la década de 1990 se registró una escasa cantidad de negociaciones. Citando un trabajo realizado por Novick y Trajtemberg (2000), este concluye que los contenidos de acuerdos y convenios colectivos suscriptos durante la última década del siglo pasado se caracterizaban por “negociar” distintos tipos de cláusulas de flexibilización: casi la totalidad de los acuerdos introdujeron, al menos, una cláusula en materia de flexibilidad, por ejemplo, en la asignación del tiempo de trabajo.
A pesar de las características recién mencionadas, no debemos obviar el simple hecho de que durante los ´90 salieron a la luz dos convenios con contenidos innovadores y hasta discordantes con el tipo de convenios de la época: el CCT Nº 271/97 y el CCT 285/98 . Lo excepcional resulta de su contenido, ya que ambos incluían modalidades de participación en las ganancias. Es decir, se incluyó un contenido que pareciera esquivarse u omitirse desde que fuera incluido en el Art. 14 Bis de nuestra Constitución en 1957. A pesar de que ambos tuvieron una aparición esporádica y una duración escasa debido a la crisis económica que atravesó el país, sin embargo constituyeron un nuevo eje de contenido inédito e innovador para el escaso número de negociaciones registradas durante la época.
El año 2003 significaría un cambio de rumbo para la dinámica de relaciones laborales en comparación con los años anteriores. Desde una perspectiva general, el nuevo escenario del país se caracterizaría por una nueva coyuntura que permitiría la reactivación de la economía nacional y de la actividad industrial, en el plano económico; un nuevo ordenamiento laboral, en el plano jurídico; y esto estaría aparejado con un nuevo rol del Estado en la orientación de las políticas económicas, de empleo y sociales.
Entonces, con un Estado que revirtió la legislación laboral flexibilizadora sancionada durante los años ’90, e impulsó un modelo económico que estimuló el empleo, paulatinamente se recuperaron algunas de las características del mercado de trabajo que estuvieron opacadas y ausentes durante los ´90. Así, desde 2003 hasta la actualidad aumentó considerablemente el número de convenios colectivos homologados: según datos del Ministerio de Trabajo, mientras que durante el primer trimestre del 2004 se homologaron 83 Ganancias en CCTconvenios, durante el primero de 2012 se registraron 221. Y a ello hay que sumarle el aumento de la cantidad de trabajadores abarcados en los convenios; la tendencia a la re-centralización de las relaciones del trabajo y la incorporación de nuevos contenidos a los convenios; y la reducción del porcentaje de desplazamiento entre los niveles de salarios por convenio y los pagados efectivamente.
En ese marco, con un nivel de diálogo social muy alto, ha aparecido un nuevo contenido en las negociaciones colectivas, que las diferencian claramente de años anteriores: la cláusula de participación en las ganancias. Esta cláusula ha sido incluida de manera más continua que en otras épocas.
Desde 2003 hasta el 2011 se ha registrado un total de 7 convenios que incluyen una cláusula de participación en las ganancias. A su vez, no podemos dejar de mencionar la existencia de una serie de convenciones que establecen sistemas de premios anuales que consideran en su cálculo los resultados anuales de la empresa, las cuales, a pesar de no ser una alternativa pura de participación en las ganancias, incluyen a las utilidades como parte de la ecuación[1].

Ahora bien, continuando con el análisis de la participación en las ganancias, durante los años 2012 y 2013 no ha habido nuevos convenios que incluyan alguna modalidad de la cláusula en cuestión. Es decir, nos hemos topado con un quiebre, luego de experimentar una tendencia de manera inédita, principalmente entre los años 2006 y 2011. Como explicación a esta situación no deberíamos considerar únicamente la situación macroeconómica, el rol del Estado, la legislación laboral protectora o la revitalización del actor sindical, sino también cuestiones particulares que se despegan de los factores recién mencionados, y que pueden llegar a ser trascendentes para determinar la inclusión (o no) en los convenios de los derechos sociales de participar en las utilidades empresariales.

Esta tendencia resulta particularmente llamativa no sólo por ser contradictoria con lo que venía sucediendo en los últimos años, sino porque en el año 2010 el diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde elaboró un proyecto de ley que buscaba regular la participación de las ganancias y hacerla, finalmente, efectiva. El proyecto se basaba en los siguientes pilares: la participación sería equivalente al 10% de ganancias netas, y existiría un nivel mínimo a partir del cual las empresas estarían obligadas a distribuir las utilidades entre los trabajadores . Si bien el proyecto no llegó a tener estado parlamentario, pudo instalar en la agenda el tema y hacerlo más visible y plausible al análisis público. La consecuencia esperada de una potencial aprobación del proyecto seguramente hubiera sido un reflejo de la misma en las mesas de negociación colectiva. Sin embargo, como fue analizado, eso no sucedió.
¿Cuánto tuvo que ver en esto la posterior ruptura de la CGT, con un líder sindical como Hugo Moyano parándose en la vereda opuesta al gobierno nacional? ¿Es posible que los sindicatos que responden al referente camionero hayan dejado de impulsar el proyecto para que los gremios oficialistas y el mismo gobierno no puedan tomar como propios esos logros? ¿O que, a la inversa, el gobierno nacional haya preferido no tratarlo para no convalidar un tradicional reclamo de Moyano? El análisis debería apreciar también que entre los acuerdos Economiaque contemplan la participación en las ganancias (ya sea en su forma pura o en el cálculo para bonos anuales) no hay convenios por actividad sino que todos los casos registrados son acuerdos efectuados por empresa. Esto seguramente responda a que las cámaras suelen estar compuestas por compañías de tamaño y facturación diversa y que, dado que los convenios de actividad obligarían a todas las empresas del sector a incluir la cláusula de participación mientras que los de empresa los restringen a la unidad en cuestión, un acuerdo sectorial de esta naturaleza impactaría de modo diferenciado en las diferentes empresas. Esa heterogeneidad, sumada a la ya conocida reticencia que los empleadores poseen con respecto a esta materia (justificada bajo el planteo de que fomentaría la desinversión y/o que es un avance contra la propiedad privada), atenta contra las posibilidades de instalar el debate en las grandes negociaciones.
En definitiva, para analizar la difusión de la participación en las ganancias no debería dejar de considerarse como aspectos relevantes la coyuntura político-económica y la fortaleza de los actores. Entre 2006 y 2011 fue la etapa en que más convenios de este tipo se firmaron, en un marco de recomposición del mercado de trabajo y de alianza Estado-sindicatos, que le dio más fuerza a los trabajadores para negociar estas cláusulas. Ahora bien ¿por qué no se firmaron convenios de esta naturaleza a partir de 2012? El interrogante queda abierto y debería responderse a partir de diversos elementos confluyentes, pero seguramente la crisis económica y la fragmentación del sindicalismo hayan contribuido a ello.


[1] Arocco, G. y Troya, M. (2011) La negociación colectiva como vía para regular la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. 2º Congreso de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires.

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Anexo

Listado de convenios colectivos que incluyen cláusulas de participación en las ganancias:

  • CCT 1197/11 “E”, entre la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía (APUAYE) y la Empresa Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET SA).
  • CCT 1160/10 “E”, entre la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), el Sindicato Luz y Fuerza Tucumán y la Empresa Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET SA)
  • Acuerdo 1834/2010, entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados de Transporte de Cargas de Neuquén y la empresa Fox Petrol S.A.
  • CCT 1072/09 “E”, entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • CCT 486/07, entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las empresas Bridgestone-Firestone Argentina SAIC, FATE SA y Pirelli Neumáticos SAIC.
  • CCT 798/06 “E”, entre la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBTOS) y la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
  • CCT 285/98 “E”, entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) y la empresa Z.F. Argentina S.A.
  • CCT 271/97 “E”, entre el Sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal y la empresa Arecco Ingeniería S.A.
  • Acuerdo 293/11, entre el Sindicato del Seguro de la República Argentina y La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.

Listado de convenios colectivos que incluyen sistemas de premios anuales que consideran en su cálculo las utilidades de la empresa:

  • CCT 1156/10 “E”, entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) y la empresa Transener S.A.
  • CCT 1126/10 “E”, entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) y Distrocuyo S.A.
  • CCT 999/08 “E”, entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) e Hidroeléctrica Futaleufú S.A.
  • CCT 891/07 “E”, entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) e Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.
  • CCT 795/06 “E”, entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) e Hidroeléctrica Diamante S.A.
  • CCT 528/03 “E”, entre la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía (APUAYE) y la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EdERSA).
  • CCT 1088/10 “E”, entre la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía y Endesa Costanera S.A. (ex Central Costanera S.A.)

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